Idioma legal de una web o app en España: lo que debes saber
Idioma legal de una web o app en España: lo que debes saber
Existe un aspecto que muchas empresas españolas no suelen tener en cuenta cuando diseñan o crean sus páginas web, aplicaciones o plataformas online.
Aunque suelen plantearse qué tipo de contenido deben mostrar y se asesoran sobre posicionamiento web y qué palabras clave utilizar para posicionar lograr una mejor visibilidad en Internet, es probable que no se cuestionen en qué idioma debe estar redactado el contenido de su página web.
Pensemos en páginas web, aplicaciones o plataformas cuyo objetivo es prestar servicios o dar a conocer un negocio a nivel internacional, es decir, promover o promocionar productos y servicios fuera del mercado español o tener presencia global.
En estos casos, es habitual que se opte, como mínimo, por el inglés. Está claro que, en términos de captación, el idioma es un factor clave cuando al promocionar productos o servicios en Internet. Sin embargo, este aspecto está sujeto al cumplimiento de ciertas obligaciones, como veremos más adelantes.
¿A quién afecta?
En primer lugar, conviene aclarar que el término página web, aplicación o plataforma, hace referencia a aquellas soluciones online mediante las cuales las empresas o profesionales presentan sus servicios y, dependiendo de la naturaleza de su actividad, generan un rendimiento económico, mostrando sus productos y servicios como parte de una actividad comercial y en un entorno digital.
Este concepto incluye también blogs personales que puedan obtener beneficios, así como empresas o profesionales que promocionan sus negocios de manera corporativa. No es imprescindible disponer de una tienda online o comercio electrónico (ecommerce) para estar sujeto al cumplimiento de determinadas normas ni a la obligación que tratamos hoy respecto al idioma.
En este contexto, toda plataforma online deberá tener en cuenta la normativa de protección de datos (LOPDGDD), incluso si solo recaba información a través de un formulario de contacto. Asimismo, deberá contar con la correspondiente Política de Privacidad.
También resultan de aplicación la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), y, en la mayoría de los casos, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), especialmente, cuando se ofrecen servicios dirigidos al usuario final o consumidor, comercializando productos o servicios online.
Dependiendo del tamaño de la plataforma, si esta es considerada de gran envergadura, deberá tener en cuenta lo dispuesto en el denominado Digital Package, que incluye la Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales. Estas son normativas más recientes, pero fundamentales.
¿Y en qué idioma?
Al hilo de lo anterior, es importante conocer también en qué idioma deben estar redactados los textos legales de nuestra plataforma, como los términos y condiciones.
La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo sobre los derechos de los consumidores, permite a los Estados miembros introducir requisitos lingüísticos en sus legislaciones nacionales respecto a la información contractual que debe facilitarse a los consumidores.
En virtud de ello, el artículo 18 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, salvo exención legal o reglamentaria, la presentación de bienes y/o servicios comercializados en España debe realizarse, al menos, en castellano, como lengua oficial del Estado.
Por tanto, empresarios, emprendedores y profesionales que presten servicios en España a través de Internet deberán ofrecer sus textos legales (aviso legal, política de privacidad, política de cookies y condiciones de contratación o venta, según el caso) en castellano, como mínimo. A partir de ahí, pueden añadirse versiones en otros idiomas si se desea, pero el mínimo exigible es el español.
Otros requisitos importantes
Asimismo, existen normativas específicas para el entorno del comercio electrónico. En este sentido, tanto la LGDCU como la LSSICE recogen aspectos coincidentes que deben tenerse en cuenta, tales como:
Las condiciones de contratación aplicables al servicio, más o menos complejas según el tipo depágina web o productos y servicios ofrecidos.
La identificación clara de quién está detrás de la página web, es decir, qué empresa o profesional ofrece los servicios o productos, junto con una descripción lo más detallada posible de los servicios y sus precios.
Sanciones
En caso de incumplimiento de la normativa de comercio electrónico (LSSICE), pueden imponerse sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Incluso puede llegar a prohibirse la actividad en España ante incumplimientos reiterados.
Respecto a las infracciones relacionadas con la normativa de consumidores y usuarios, las sanciones pueden variar entre 150 y 1.000.000 de euros, en función de la infracción cometida y factores como la intencionalidad, el perjuicio causado o los beneficios obtenidos.
Otras normativas relevantes
No debemos olvidar otras normativas relevantes, como la relativa a la protección de datos. Aunque no afecta directamente al idioma, sí regula el tratamiento de la información personal y contempla sanciones que pueden alcanzar entre el 2% y el 4% del volumen de facturación.
Cabe señalar que, aunque la página web deba incluir la información en castellano, es perfectamente posible formalizar el contrato con el cliente en cualquier otro idioma acordado por ambas partes. Así lo establece el artículo 27 de la LSSICE, que indica que, antes de iniciar la contratación, el prestador de servicios deberá informar, entre otros aspectos, de:
- Los diferentes trámites necesarios para celebrar el contrato.
- Si el documento electrónico será archivado y accesible posteriormente.
- Los medios técnicos disponibles para corregir errores en la introducción de datos
- El idioma o idiomas en que puede formalizarse el contrato
Posteriormente, el contrato podrá firmarse en el idioma que convengan las partes.
La Unión Europea, en consonancia con los avances tecnológicos y sociales, ha impulsado nuevas iniciativas para regular la comercialización online, con el objetivo de proteger al consumidor y fomentar la transparencia.
En este sentido, es establecen requisitos específicos sobre la forma en que debe mostrarse la información en una página web. Toda la información debe ser clara, comprensible y accesible, incluyendo el idioma como elemente esencial.
Por ejemplo, el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales, establece en sus artículos 11 y 14 establece que las grandes plataformas y buscadores en línea deben ofrecer sus términos y condiciones en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros donde presten sus servicios.
Por tanto, no solo debemos considerar en qué idioma mostramos y promocionamos nuestros servicios, sino también cómo lo hacemos: si el lenguaje es claro, si está adaptado al tipo de consumidor al que nos dirigimos, y su cumple con los principios de transparencia y accesibilidad.
En definitiva, aplicar las normativas adecuadas en nuestra página web no solo reduce el riesgo de sanciones, sino que también ofrece garantías a los usuarios, transmitiendo una imagen de fiabilidad, seguridad y profesionalidad.
Por ello, si prestamos un servicio en España y somos una empresa nacional, tiene sentido que utilicemos el idioma del país. ¿No os parece?